Lo que ocurrió en Perú fue un virtual empate técnico entre la derechista, Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez, de quien vendieron la imagen de ser un peligroso comunista que iba a llevar el país al abismo.

Igual que hicieron con el profe Pedro Castillo a quien, a punto de intriga, destituyeron y llevaron a la cárcel.

Cuando la derecha se une, en este caso alrededor del movimiento Fuerza Popular, es cosa peligrosa. De cuidado. Acuden a todas las estrategias para deslegitimar al contrincante y destruir su imagen.

Insisto, acuden a todo. Incluso al poder que tienen las redes sociales que democratizaron, y en algunos casos con graves consecuencias, la posibilidad de acceder a medios de gran alcance.

Con un correo electrónico y unos cuantos pasos, sencillos todos, usted arma un perfil en cualquier plataforma.

Basta crear contenidos con cierto picante o escandalosos, para arrastrar a la superficialidad de los argumentos, a decenas de personas ávidas de todo lo nuevo y bizarro.

LA HEREDERA DE ALBERTO FUJIMORI

Los peruanos sucumbieron a la estrategia digital y revitalizaron la imagen de Keiko Fujimori como la persona que encarnaría el cambio y la transformación económica y social.

Nada más lejos de la realidad. Es igual que su padre, Alberto Fujimori. Un dictador en medio de una pretendida democracia.

Asumió el poder desde el 28 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2000. Diez años y casi cuatro meses.

Hasta que cayó.

Fue sentenciado a 25 años de prisión y enfrentó múltiples procesos judiciales. Las acusaciones se dividieron principalmente entre delitos de lesa humanidad (como autor mediato) y graves casos de corrupción, los cuales él mismo llegó a calificar en su momento como "errores lamentables" de su gobierno.

MASACRES Y CORRUPCIÓN

Fue hallado culpable de ser el autor mediato (planificador y director) de crímenes cometidos por el grupo paramilitar encubierto conocido como Grupo Colina. Los casos más graves fueron la Matanza de Barrios Altos (1991), Masacre de La Cantuta (1992) y secuestros agravados.

Una estela de terror en la que estuvo acompañado por el accionar de fuerzas paramilitares.

¿Le suena conocido? En Colombia, con Álvaro Uribe Vélez, vivimos algo parecido.

Pero algo más, la arremetida fujimorista empañó las entidades públicas con corrupción. Fue lo que llevó a la caída de su régimen en el 2000, por irregularidades como el pago de sobornos y interceptaciones y el autogolpe de 1992 cuando disolvió el Congreso y modificó la Constitución para favorecer su reelección en varios períodos.

Un dictador muy cercano a quien encarnó el protagonista del “Otoño del patriarca”, del Nobel colombiano, Gabriel García Márquez.

UN PAÍS AZOTADO POR LA POBREZA

En el caso del Perú, aunque el territorio es externo, se estima que hay 34 millones de habitantes, de los cuales cerca de 8,8 millones de personas viven en situación de pobreza monetaria, lo que representa el 25,7% de la población nacional. La pobreza extrema afecta a 4,7 millones de peruanos.

Se considera pobre a quien vive en un hogar cuyo gasto no logra cubrir el costo de la canasta básica, estimada en 462 soles al mes por persona.

¿Y el resto? No son clase media. Son clase popular, es decir, sobreviven.

Tres de cada cuatro personas en condición de pobreza se concentran en zonas urbanas. Los departamentos o provincias con mayores tasas de precariedad son Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno.

Además de quienes ya están en situación de pobreza, un tercio de la población peruana (aproximadamente 10,8 millones de personas) vive en condición de vulnerabilidad, con el riesgo latente de recaer en la pobreza ante cualquier crisis económica.

Ese fue el caldo de cultivo que encontró Keyko Fujimori para posicionar sus promesas de sacar adelante el país.

Y, curiosamente, fueron muchos de esos mismos pobres los que votaron a su favor.

COLOMBIA VIVE UNA RADIOGRAFÍA SIMILAR

Abelardo de la Espriella ha popularizado una narrativa sin mayor fundamentación programática. Es decir, puro humo. Pero al igual que ocurrió en el Perú, arrastra multitudes que no se han detenido a evaluar los avances de Colombia con el progresismo y lo que se podría perder si se permite a la derecha que asuma el poder nuevamente.

El Tigre ha acudido a todo tipo de estrategias orientadas a desprestigiar el gobierno del Cambio y procurar deslegitimar al candidato del progresismo, Iván Cepeda.

Igual que en el Perú, una arremetida en redes sociales y medios alternativos, muchos de ellos creados hace menos de seis meses, para promover su populismo.

Una de sus mayores amenazas, retomar lo que el expresidente Iván Duque no alcanzó a materializar, en torno a la tributación y algo que pone en riesgo la estabilidad laboral de más de siete mil empleados: la reducción del Estado a su mínima expresión.

Más grave aún, reactivar la economía profundizando en el modelo neoliberal, que es el responsable de la agudización del desempleo y de las tasas de explotación que, durante este período de gobierno de Gustavo Petro, se han ido superando.

Un descuido electoral de los colombianos, de los estratos bajos y de las capas medias, llevaría al acabose que en su momento vivieron Brasil al elegir a Jair Bolsonaro y a los más recientes casos de Argentina y Chile.

Roberto Sánchez ganó raspando, lo que igual podría ocurrir en Colombia con Iván Cepeda. Pero con todo y ese riesgo, el lujo que no podemos permitirnos, es volver a las épocas aciagas de la explotación y la miseria con la derecha en el poder.

Fernando Alexis Jiménez es periodista y publica su columna “Crónicas de Macondo” en medios impresos y digitales.

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